El Gobierno ha establecido nuevas directrices en relación con la atención a personas con discapacidad por parte de aseguradoras y mediadores.
En el consejo de ministros del pasado 20 de marzo de 2023, se aprobó un Real Decreto que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para personas con discapacidades.
Esta normativa afecta, en particular, a la prestación de servicios financieros y seguros, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
El nuevo marco legal es aplicable a cualquier relación entre personas físicas y entidades, ya sean públicas o privadas, que ofrezcan bienes o servicios.
Este reglamento aborda aspectos cruciales en términos de accesibilidad en diferentes áreas de la vida cotidiana, lo cual resulta fundamental para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, según el consejo de ministros.
La nueva normativa contiene un apartado específico que se centra en las reglas aplicables a ciertos bienes y servicios financieros.
Esto implica la inclusión de obligaciones para el personal de atención al público de compañías aseguradoras y mediadores de seguros.
El Gobierno señala que estos profesionales deberán brindar orientación y apoyo a los usuarios con discapacidad, según sus necesidades, en la realización de gestiones propias de su actividad.
Entre las tareas a realizar, se encuentran la cumplimentación de formularios, lectura de documentos, asegurar la comprensión de los contenidos, acompañamiento dentro de las instalaciones y oficinas, y otras acciones similares.
El objetivo del Ejecutivo con este Real Decreto es proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que puedan acceder y utilizar, sin discriminación, servicios cotidianos como trámites bancarios, visitas a urgencias médicas, actividades extraescolares, asistir al cine, disfrutar de un café en un establecimiento público o contar con seguridad ciudadana, entre otros.
La aprobación de esta regulación marca un hito importante en la implementación de políticas de inclusión y no discriminación, pues completa el desarrollo reglamentario de la Ley General de Discapacidad. Con ello, se avanza en la construcción de una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y disfrutar de una vida plena y autónoma.